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El Corredor Interoceánico (CIG) de Guatemala es una infraestructura compuesta por una franja terrestre de trescientos
treinta y seis kilómetros de largo y cien metros de ancho, entre el océano atlántico y el océano
pacifico de la República de Guatemala, sobre la cual se construirá un ferrocarril interoceánico para
el transporte de contenedores, una carretera pavimentada de cuatro carriles, y un oleoducto inter oceánico. Esto se
complementara con la creación de parques industriales a lo largo de la zona y con dos complejos portuarios en los extremos
del corredor, uno en el atlántico y otro en el pacifico. Por la naturaleza jurídica del proyecto y
por el sentido de responsabilidad social que rige a sus promotores, se dan condiciones favorables para que en lugar de ser
un proyecto cien por ciento privado sea un proyecto novedoso de naturaleza público privado, bajo la modalidad de una
asociación público-privada, en la cual lo público está representado por las instituciones del
“Estado local”, como son los municipios y sus gobiernos locales, y por los ciudadanos y ciudadanas organizados
en el territorio que comprende el proyecto. El sector privado promotor y gestor del proyecto está representado por ODEPAL
INTERNACIONAL S.A. una empresa de líderes guatemaltecos que desde el año 1998 viene impulsando el proyecto de
un corredor interoceánico en la República de Guatemala, habiendo realizado los estudios de pre factibilidad,
de mercado, ambiente y de orden social, quedándoles pendiente la compra de las propiedades que forman la franja de
tierra que unirá ambos océanos. Y el sector no gubernamental representado por la Asociación Poder para
Todos, institución de vocación municipalista. En la base territorial de la región del Corredor funcionan los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES-; en segundo lugar están los municipios y sus gobiernos municipales que gozan de autonomía otorgada por la Constitución Política de la República y que con la entrada en vigencia del nuevo código municipal en 2002 se vieron fortalecidos como instancias de gobierno y gestores del desarrollo de sus territorios. En tercer lugar están las mancomunidades de municipios, que son asociaciones entre dos o más municipios dotadas de personería jurídica. Los presidentes de las Mancomunidades son autoridades electas y en todos los casos existe un gerente de la mancomunidad que se apoya a la vez en las oficinas municipales de planificación. La alianza con las mancomunidades como expresiones supramunicipales es fundamental para consolidar el respaldo al proyecto CIG como complemento al respaldo de los otros dos ámbitos de gobierno local.
La garantía de los beneficios del proyecto CIG,
para que contribuya al desarrollo sostenible y sustentable de la “región del Corredor” descansa en
una innovadora alianza público-privada desde lo local, con amplia participación ciudadana, en un marco descentralizado
sustentado en un pacto de gobernabilidad, que parte de la asociación "PPT-ODEPAL" con las mancomunidades
de municipios. Y en la que se necesita de amplio y comprometido respaldo internacional. La alianza publico privada en la forma
mencionada permitirá que el CIG sea un instrumento de desarrollo desde lo local, al hacer posible que la inversión
extranjera llegue directamente a las comunidades vía sus gobiernos locales. El modelo público privado facilitará
la implementación del Corredor Interoceánico en sus componentes: adquisición de las tierras que forman
la franja que une ambos litorales; la carretera interoceánica; el ferrocarril interoceánico; el oleoducto
interoceánico; los complejos portuarios en el pacifico y en el atlántico; y los parques industriales en régimen
de zonas francas. La estrategia descansa en el logro de acuerdos políticos que priorizan el bien común, con
las municipalidades y las mancomunidades de municipios, apoyados en el respaldo de las comunidades locales y en un mecanismo
permanente que es el Pacto Social de la Alianza Público Privada que garantiza un desarrollo local participativo e incluyente. El paradigma que orienta esta visión se fundamenta
en la visión articuladora de las relaciones mutuas entre MERCADO-ESTADO-SOCIEDAD CIVIL, en la cual es necesario fomentar
y crear condiciones óptimas para el desarrollo de las diversas dimensiones del mercado regional (producción,
distribución, consumo) y las diversas fuerzas productivas (infraestructura económica, fuerza de trabajo, pequeña
y mediana industria). En donde el mercado por sí solo no garantiza el fomento de esas condiciones ni la redistribución
de los beneficios económicos, pero sí constituye una condición indispensable. La inversión productiva
privada en el CIG constituye un factor acelerador del crecimiento y desarrollo del mercado en la zona, pero debe complementarse
con otros factores de la economía. El
Estado para el propósito de este proyecto, tomando como base la organización política, administrativa
y territorial definida por la Constitución Política y el Código Municipal, es el ESTADO EN SUS EXPRESIONES
LOCAL-REGIONAL constituido por los municipios y sus gobiernos locales, así como por las mancomunidades de municipios
(nueve en total), entidades que actúan en concordancia con los principios de descentralización y autonomía.
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